48 El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires ha expresado a las autoridades provinciales la necesidad imperiosa de atender a la problemática actual de la profesión en lo referente a su responsabilidad social, limitando el accionar de entidades no veterinarias sobre decisiones exclusivamente médicas y en ámbitos no habilitados para tal fin. Buscando una solución armoniosa para las partes involucradas, fijando una posición clara y haciendo cumplir la legislación vigente; el tiempo de avanzar es ahora. La esterilización quirúrgica es, por normativa, el método para el control del crecimiento poblacional de caninos y felinos. El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires considera que no es el único, sino el más difundido y de rápida resolución para esta problemática. Por eso insta a las autoridades municipales y provinciales a avanzar en una solución y en la aplicación efectiva de la legislación, en relación a las “Campañas de Castraciones Masivas” impulsadas por diferentes organizaciones. La problemática no radica en la realización de las castraciones, sino en el desarrollo de eventos masivos que incumplen con la normativa vigente. Por esta razón, el 20 de diciembre del 2016, la institución dirigió una carta a la Gobernadora de la provincia, Maria Eugenia Vidal, exponiendo, en uno de sus ejes, la violación constante por parte de diversas ONGs, a las normas nacionales y provinciales, en relación a la protección de la salud pública y bienestar animal. Entre ellas, se menciona el decreto ley provincial 9686/81 en la que se establece que todo tipo de cirugías en animales deben ser realizadas por profesionales veterinarios y su infracción es una clara violación al artículo 247 del Código penal. También, la ley provincial 13.879 en la que se fija que los municipios y comunas de la Provincia alcancen el equilibrio de la población de caninos y felinos con la práctica de la esterilización quirúrgica. El decreto reglamentario 400/11 determina que la autoridad de aplicación de la ley N° 13.879 es el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y que las castraciones quirúrgicas masivas, serán realizadas en los centros de zoonosis y/o antirrábicos municipales y provinciales. A su vez, el decreto Nacional 1088/2011, por el que se crea el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, entre sus objetivos específica “el control de la población canina y felina mediante campañas de esterilización organizadas en forma estratégica, propendiendo a que la esterilización sea quirúrgica, temprana, masiva, sistemática, de ambos sexos, extendida en el tiempo, abarcativa y gratuita”. Asimismo, en su art. 4 establece que “las campañas de esterilización para llevarse a cabo requerirán la colaboración y el compromiso de los Gobiernos Provinciales, los Municipios, las Facultades de Ciencias Veterinarias, los Colegios Profesionales e Institutos y/u ONGs especializados de todo el país”. Ante esta situación, es imprescindible que todas las partes involucradas eviten riesgos, instando a los dueños de mascotas a no asistir a eventos de castraciones masivas que no cumplan con las normas requeridas, en lugares que no estén habilitados, que no cuenten con las condiciones higiénicas básicas y un profesional médico veterinario matriculado que vele por la salud y bienestar de los animales intervenidos y, por ende, de toda la población. El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires brega por alcanzar una solución que regularice la realización de estas prácticas en pos del control poblacional de caninos y felinos. Para lo cual ha presentado un proyecto de reglamentación y el rol que deben cumplir las ONGs, a partir de un convenio marco con los Municipios respetando y haciendo cumplir la legislación vigente. Es intención de este Colegio profesional señalar enfáticamente el incumplimiento de las normativas nacionales y provinciales, pero también colaborar con las autoridades de aplicación y las entidades intermedias para el normal desarrollo de las campañas masivas de esterilización quirúrgicas de perros y gatos. Las autoridades sanitarias no pueden ni deben ignorar y despreocuparse de esta situación que comprometen la salud pública y el bienestar animal.
