Incertidumbre en los colegios privados por el desequilibrio financiero

Los colegios privados se preparan para retomar las actividades académicas y afrontar el inicio del ciclo lectivo 2026 con preocupación por el desequilibrio financiero que genera el receso estival. Durante estos meses, las instituciones no perciben ingresos, pero deben sostener la totalidad de los costos operativos del servicio educativo.

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (AIEPA) señalaron que a esta dificultad recurrente se suma la reciente resolución de acuerdos salariales retroactivos para los docentes de la Provincia. Las instituciones advierten un fuerte desajuste económico, ya que deben afrontar incrementos en los costos laborales desde diciembre sin que se hayan autorizado actualizaciones en los valores de las cuotas escolares. En el caso de los colegios que reciben aporte estatal, los aranceles sólo pueden modificarse a partir del mes de marzo.

El principal problema que plantean los establecimientos es la imposibilidad legal de actualizar las cuotas al mismo ritmo que los aumentos salariales. “Según la normativa vigente, los colegios con aporte estatal sólo pueden cobrar cuotas actualizadas desde marzo, lo que genera una brecha de tres meses sin cobertura para los nuevos costos laborales”, explicó el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.

Las instituciones deben afrontar de manera inmediata, con la liquidación de haberes de enero, los aumentos salariales retroactivos correspondientes a diciembre y enero —incluido el proporcional del aguinaldo—, además del pago de los sueldos de febrero, que se efectúa en los primeros días de marzo. Todo esto ocurre sin percibir aranceles o sin posibilidad de modificarlos durante el período de receso académico.

Según estimaciones del sector, las escuelas deben absorber un costo salarial acumulado cercano al 8,1%, compuesto por un 1,5% correspondiente a diciembre y SAC, y un 3,3% tanto en enero como en febrero, de acuerdo con lo establecido en la paritaria docente recientemente acordada con el gobierno.

En la provincia de Buenos Aires funcionan aproximadamente 4.800 colegios privados que reciben subvención estatal para cubrir parte de los salarios docentes, lo que representa más del 70% del total de los establecimientos de gestión privada. Estas instituciones deben, además, respetar los topes arancelarios fijados por el Estado.

“El sistema educativo atraviesa un momento de transformación y enfrenta desafíos muy severos. Una de las principales preocupaciones es la caída sostenida en la cantidad de alumnos, un fenómeno que se replica en todo el país”, señaló Zurita. A esto se suman niveles de morosidad superiores al promedio histórico, producto de las dificultades económicas de las familias, y el aumento constante de los costos operativos. “Las instituciones realizan grandes esfuerzos para sostener y mejorar la calidad educativa, aun en un contexto claramente desfavorable”, concluyó.