En el reclamo precisamos que la resolución 1731/21 de ese ministerio estableció la incompatibilidad del programa Argentina Contra el Hambre, tarjeta alimentar con el ingreso de los trabajadores rurales.

En tal sentido, no se puede soslayar que para el año 2022 solo el 42 % de los trabajadores registrados se encontraban en modalidades permanentes de trabajo; mientras que el 51% de los trabajadores rurales registrados realizan tareas temporales en las distintas actividades estacionales (por ejemplo, cosecha, poda, raleo) y únicamente el 39 % del total permanece declarado en hasta 12 aportes en la Seguridad Social.

Es decir, el predominio de las relaciones declaradas de corta duración en este universo de trabajadores temporales obstaculiza y dificulta no solo la registración sino también, en suma, la falta de constancia de sus ingresos debido a las características de las distintas actividades, obteniendo como resultado de un desincentivo de la registración, un incremento del trabajo no registrado en el sector y una disminución del ingreso de los trabajadores rural ya que el salario registrado y la Tarjeta Alimentar eran excluyentes.

Teniendo en cuenta que el salario promedio de un trabajador rural registrado es de 115 mil pesos, el monto percibido a través del acceso a la Tarjeta Alimentar de 34 mil pesos para una familia con 3 o más hijos, es aún más significativo.

Por todo ello, esta es una medida que celebramos con énfasis para todos los compañeros trabajadores. La resolución 1165/23 del ministerio es el resultado de un trabajo conjunto con RENATRE, UATRE y Estado Nacional; y un hecho de justicia social que tiene un impacto directo en la calidad de vida de los trabajadores rurales y su familia.