Fue convocado por el Comité, la CGT y la UATRE. Participaron especialistas judiciales, de organismos internacionales, y del Vaticano, quienes disertaron sobre las principales variables para determinar la explotación laboral y diferentes estrategias para combatir este delito y garantizar la asistencia y protección a las víctimas.

En el histórico salón Felipe Vallese, el Comité de Lucha contra la Trata, junto a la CGT y UATRE, realizaron el viernes 26 de agosto un seminario con especialistas judiciales, de organismos internacionales, y de la Academia de Ciencias del Vaticano, con los objetivos de mejorar las capacitaciones, detección temprana, inspecciones, y sentencias judiciales.

Participaron del encuentro: Gustavo Vera, director del Comité; José Voytenco, secretario general de UATRE; Alejandro Salcedo, secretario general de UDOCBA y de la Secretaría de Protección de la Niñez de la CGT; Dra. Laura Mazzaferri, fiscal federal de Mar del Plata; Dr. Marcelo Colombo, fiscal titular de la Procuraduría de trata y explotación de personas; Dr. Santiago Inchausti, Juez Federal y vicepresidente la Asociación de Jueces Federales; Dra. Gabriela Fernández, Jefa de OIM Oficina Internacional para las Migraciones; Dr. Gustavo Ponce Punto Focal en trabajo infantil, trata y trabajo forzoso de la OIT; y Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano.

La confluencia de funcionarios políticos, sindicales, judiciales y de organismos internacionales permitió un fructífero intercambio de opiniones en la que se resaltaron varios denominadores comunes: la necesidad de articular mancomunadamente, de acelerar los juicios y sentencias judiciales, de iniciar el proceso de reparación de víctimas incluso con la incautación ad referéndum de bienes secuestrados y la clarificación de los indicios de explotación.

Gustavo Vera afirmó: “Hace 9 años, en este mismo lugar, por iniciativa del entonces secretario general de la CGT, Hugo Antonio Moyano, lanzamos la Campaña Nacional contra el Trabajo Esclavo, cuando se conmemoraban los 200 años de la Asamblea del Año XIII, y la CGT sacó un afiche que decía ‘con un feriado no alcanza, lo que hay que hacer es empezar a combatir mancomunadamente contra el trabajo esclavo’. Dentro de las denuncias, que fueron alrededor de 400, a través de las cuales se rescataron un montón de trabajadores, en el ámbito textil y rural, una en particular hoy está yendo a juicio oral, que es una causa en un establecimiento rural, donde el juez federal Santiago Inchausti incautó un campo para que los propios trabajadores siguieran trabajando, y se mejoraran sus condiciones de trabajo. Esto ocurrió en una causa en el interior de Mar del Plata”.

Por su parte, José Voytenco, titular de UATRE y Director de RENATRE agregó: “Los trabajadores rurales no comparten la bonanza del sector, tenemos el mayor porcentaje de trata de personas, un gran porcentaje de trabajo infantil. Hoy se cuida más al animal, al toro, la oveja, la vaca o el silo de soja, que la vida del trabajador rural, que está expuesto a las condiciones más complicadas, a los agroquímicos, chicos que están expuestos a levantar las cosechas, durmiendo en depósitos de agroquímicos, pero eso no se contempla a la hora de defender los intereses del sector, somos trabajadores pobres con un salario miserable. Hay empleadores inescrupulosos que les importa nada la vida humana y se aprovechan de esta situación. Venimos desde un tiempo a la fecha trabajando con el compañero Vera del Comité y el compañero Pablo Moyano de la CGT, porque entendemos que esto es un flagelo social. Si los actores de la sociedad no nos ponemos de acuerdo, vamos a terminar con trabajadores en la marginalidad social en este sector. Entra a jugar la solidaridad entre las organizaciones gremiales, como el convenio con Camioneros que permite que todos los camiones tengan calcos de la línea 145 de denuncias de trata y con Gustavo Vera con todo su equipo y un apoyo incondicional de la Iglesia que nos fortalece para poder revertir esta situación”.

Cerró la serie de disertaciones del Seminario, Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, de la Academia de Ciencias del Vaticano, denunciando la visión neocolonialista que cosifica a las personas. Resaltó la dignidad de las personas y que los cuerpos no se compran, ni se venden: “El dinero que se saca de las distintas formas de esclavitud, se estima a nivel mundial en alrededor de ciento cincuenta mil millones de dólares. De modo de que es tan importante como la venta ilegal de armas. Es la dictadura monetaria, que hoy ha aumentado y el Papa la llama ‘neocolonialismo’. Este neocolonialismo busca hacernos a todos esclavos. De una manera mayor, que son estas distintas formas de trata, o de un modo menor: que seamos todos instrumentos de una máquina, que produce dinero para los poderes de turno. ¿Por qué hoy tenemos el concepto de dignidad humana y decimos que está fundada en que los seres humanos son libres y responsables? Hegel, que no era católico, dice que Cristo trajo la idea que todos somos hijos de Dios, tenemos un mismo Padre, esta es nuestra dignidad. Digo esto para tratar de asumir nuestras propias responsabilidades. Somos los únicos que nos podemos defender. Especialmente los sindicatos, que tienen valores, que todavía creen que el ser humano tiene su dignidad, porque tiene libertad. Porque aquí se atenta contra la libertad del ser humano. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, organizando a la familia, en la educación de nuestros hijos en valores, en la honestidad y la ética de la vida, considerar al otro persona como yo, y no como un medio para que yo me haga rico. Y como dijo la Constitución de Francia sobre las nuevas formas de esclavitud, el cuerpo humano no se puede vender. El comercio es fundamental, pero no del cuerpo humano, ni en parte, ni en todo. Se da solo libremente y por amor”.

De esta forma, concluyó un histórico encuentro, que demostró la enorme potencialidad del trabajo en red, mancomunado, entre organismos del Estado, sindicatos, organismos internacionales y sociedad civil, para desarrollar y profundizar estrategias que permitan un mejor combate al delito de trata y explotación de personas, y garantizar la asistencia integral y protección a las víctimas.