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En un país donde millones de argentinos luchan a diario por acceder a derechos básicos, un grupo de senadores kirchneristas decidió ensuciar aún más la grieta: elevaron un pedido formal para que los efectivos de las fuerzas de seguridad no puedan utilizar los baños del Congreso Nacional.

El insólito documento, fechado el 16 de julio y dirigido a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, lleva la firma de legisladores del Frente de Todos: Carlos Linares, Oscar Parrilli, Cristina López, Sergio Leavy, María Eugenia Duré, Silvia Sapag, Antonio Rodas y Gerardo Montenegro. Todos ellos, alineados con el kirchnerismo más duro, firmaron un pedido que no sólo es institucionalmente cuestionable, sino profundamente inhumano.

La solicitud reclama que se “ordene y regule la presencia” de policías, gendarmes, prefectos y agentes aeroportuarios dentro del recinto legislativo, limitando su acceso a los espacios comunes y, en especial, a los sanitarios. La razón: evitar “molestias” para el personal y los propios senadores.

Parece una escena de realismo mágico, pero es real. Los mismos senadores que tantas veces hablaron de “derechos”, hoy niegan uno tan básico como la necesidad de ir al baño.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió al cruce de la medida con dureza en sus redes sociales:
“Ya sabíamos que no los querían… pero ni para ir al baño los dejan. Un poco de respeto y sentido común. Son los que nos cuidan todos los días”, expresó.

Y tiene razón. Porque más allá de las diferencias políticas, más allá de las críticas (muchas veces legítimas) al accionar policial en ciertas manifestaciones, lo que está en juego aquí no es una cuestión partidaria. Es una cuestión de humanidad.

¿En qué momento dejamos de ver a los efectivos de seguridad como personas?
¿Tan alto está el pedestal desde el cual algunos senadores se miran a sí mismos que no toleran cruzarse con quien los protege? ¿Qué clase de liderazgo cree que puede construir respeto desde el desprecio?

Estos hombres y mujeres que visten uniforme —con frío, hambre, bajo la lluvia o el calor— son los que están cuando la política se ausenta. Son hijos, madres, padres, trabajadores. Y negarles el uso de un baño no sólo es indigno: es miserable.

Hay quienes argumentarán que los excesos policiales del pasado deben ser reparados. Y está bien exigir justicia donde hubo abuso. Pero castigar a todos por igual, negar derechos por prejuicio, es igual de violento.

Esto no es sólo un papel firmado en el Congreso. Es una señal política. Es una muestra más de cómo una parte del kirchnerismo eligió encapsularse en una burbuja de privilegios, insensibles al trabajador común. Porque eso es lo que son muchos efectivos: laburantes. Como vos, como cualquiera.

En lugar de promover respeto institucional, estos senadores promueven una distancia social que lastima. Y lastima hondo. Porque en una sociedad rota, lo último que podemos permitirnos es perder la empatía.

Cuando el desprecio llega al punto de prohibir que otro ser humano vaya al baño, lo que se revela no es autoridad: es despotismo.
Y cuando ese desprecio viene de representantes del pueblo, lo que se pierde es algo más grave: la esperanza.