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La suspensión del programa MESA en la provincia de Buenos Aires vuelve a poner sobre la mesa una discusión tan incómoda como urgente: quién paga el costo de la crisis y, sobre todo, quién se queda sin comer cuando los números no cierran.

La decisión del gobierno de Axel Kicillof de interrumpir por 90 días la entrega de módulos alimentarios impacta directamente en más de dos millones de personas que, hasta ahora, recibían asistencia a través de las escuelas públicas. Se trata de un esquema que nació como respuesta excepcional durante la pandemia, pero que con el paso del tiempo se convirtió en un sostén cotidiano para miles de familias bonaerenses.

Desde la gobernación explican que la medida responde a una cuestión fiscal. Argumentan que el programa se financiaba en conjunto con Nación y que, tras el retiro de esos fondos, la Provincia quedó sola frente a un gasto difícil de sostener. Del otro lado, el gobierno nacional niega su responsabilidad. En el medio, la discusión política escala mientras la urgencia social queda en segundo plano.

Pero hay un punto que incomoda y que rara vez se discute en serio: ¿cómo y a quién se entrega realmente esta ayuda?

Los programas de asistencia masiva están diseñados para llegar rápido, sin filtros complejos. Pero con el tiempo, esa falta de control abrió la puerta a distorsiones evidentes. La ayuda se entrega de manera generalizada, muchas veces sin evaluar con precisión la situación de cada familia. En algunos casos es indispensable; en otros no es necesaria.

Ahí aparece una pregunta incómoda: ¿se está asistiendo por necesidad o por inercia? ¿Se entrega para resolver un problema concreto o para sostener un esquema que también tiene utilidad política?

Porque cuando la ayuda se distribuye sin segmentación, deja de ser una herramienta precisa y se convierte en un mecanismo difuso, donde lo social se mezcla con la lógica política. No se trata de negar la necesidad —que es enorme—, sino de reconocer que un sistema mal focalizado termina siendo injusto.

El problema es que los recortes tampoco tienen esa fineza. Cuando se ajusta, se ajusta para todos, y quienes más pierden son los que menos margen tienen.

Ahí está el verdadero dilema: ordenar las cuentas puede ser necesario, pero si el ajuste cae sobre políticas alimentarias sin revisión previa, el resultado no es eficiencia, sino mayor desigualdad.

La suspensión del MESA expone otra tensión: la interna política dentro del oficialismo bonaerense. Pero más allá de las disputas, hay algo claro: cuando la política social se usa sin precisión, pierde su objetivo principal.

Porque el problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Y cuando la ayuda llega a cualquiera mientras otros dependen de ella para comer, el sistema deja de ser justo.

Y ahí, el costo ya no es solo fiscal.
Es social. Y es inmediato.