32 Autoridades del área de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la provincia estuvieron en Gonzales Chaves para hablar sobre la situación del aumento desproporcionado de tarifas de los servicios públicos que impacta hoy en todo el país. Durante más de una hora, Omar Bottero y Juan Gaviria dialogaron con vecinos en el Teatro Municipal, concejales, y de la que formó parte también la titular de la Oficina Municipal del Consumidor (OMIC), Belén Pucci. “Las tarifas no están vigentes, ninguna, y no sabemos lo que va a pasar”, dijeron. Y explicaron que acompañarán los reclamos, principalmente a los sectores más vulnerables para que no se queden sin servicio. A los significativos aumentos los definieron como “impagables”, y reafirmaron el trabajo del organismo que está para recibir los reclamos y acompañarlos. “El aumento está frenado, y según como se sucedan las cosas, las empresas tendrán que refacturar los tarifas por el amparo judicial que interpusieron las asociaciones de consumidores”, argumentaron. Otra de las cuestiones que plantearán fue de qué manera el gobierno nacional “zoonificó” para determinar la “zona fría”, el territorio que tendría una tarifa diferenciada en el consumo de gas natural. Al parecer, las empresas de servicios públicos no cortaran el servicio por falta de pago en términos de la normativa, ni tampoco refacturarán por la vigencia del amparo judicial, aunque hay que esperar las resoluciones que dicte el gobierno nacional. En este sentido, se está trabajando para que la llamada “tarifa social” sea lo más amplia posible, que incluya a más personas. Según se dijo, la Defensoria del Pueblo es un organismo autónomo con una manera de trabajar que ha sido bastante exitosa, por lo que ven optimismo en que los amparos judiciales modifiquen el actual mapa de aumentos. Por caso, las últimas resoluciones del Gobierno fijan el consumo residencial en no más de 400% de aumento, y el comercial en 500%. Recordaron que el intendente Marcelo Santillán hizo la presentación formal ante la Defensoriade intervención “para contener el aumento de las tarifas de gas, energía y agua que se han producido y que tenga especial atención en la problemática de la población de nuestro Distrito”. El Intendente justifica su decisión en que los “los habitantes, las organizaciones de la sociedad civil, el Concejo Deliberante se han expresado en ese sentido, es por ello que pedimos con énfasis la intervención para que en todos los ámbitos y con todas las herramientas legales a su alcance genere las acciones tendientes a proteger los derechos”.
