Luego del reclamo formulado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA) el gobierno bonaerense autorizó un incremento del 7,5% a partir de junio en las cuotas  de los aranceles de la educación privada.
La readecuación de los aranceles fue comunicada al sistema educativo de gestión privada a través de una comunicación  de la Dirección General de Cultura y Educación fechada el 22 de mayo. Establece un nuevo esquema de “topes arancelarios” para todas los niveles y modalidades de enseñanza con un aumento promedio del 7.5%. En el acuerdo firmado por algunas entidades y el gobierno bonaerense el 14 de febrero pasado se autorizaba un incremento del 3.35% todos los meses como parte del programa de “Precios Justos” impulsado por el Ministerio de Economía de Nación.
Hace menos de una semana, AIEPBA elevó a la Dirección General de Escuelas un pedido para que se actualicen los aranceles en los colegios privados para afrontar parte de los nuevos incrementos salariales que fueron acordados para los docentes en las paritarias con el gobierno provincial.
Como fundamento de ese pedido, el Secretario Ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita, manifestó que los aranceles “tienen un retraso de varios puntos porcentuales, tanto en comparación con el aumento otorgado a los docentes, como con relación al índice de precios al consumidor acumulado hasta este mes”.
Con la nueva autorización otorgada por el Gobierno de la Provincia, los costos de los servicios educativos habrán obtenido un incremento del 38,4%, mientras que los haberes de los docentes –que afrontan de manera parcial los institutos de enseñanza, en función al porcentaje de subsidio que aporta el Estado- habrán obtenido un aumento del 41,5%.
“Los aranceles siguen retrasados. Los institutos deberán esforzarse al máximo para mantener los estándares de los servicios educativos tal como lo hacen siempre. Pero resulta una situación muy preocupante para los administradores y responsables de los colegios privados”, agregó Zurita luego de conocer la decisión del Gobierno.