25 (Adolfo R. Gorosito, 2018) – En el 2021 se cumplirán doscientos (200) años desde la promulgación de un decreto sancionado por el General José de San Martín, en su carácter de Protector del Perú (28 de junio 1821-20 de septiembre 1822). En su texto denuncia implícitamente la posibilidad de hechos de corrupción, vicio más viejo que la injusticia, y confirma la honesta personalidad de nuestro héroe máximo: “… los empleados en el ramo de la hacienda, a quienes se justificare algún fraude, cohecho o la más leve infracción a sus deberes, comprobada que sea su mala fe, sufrirán irremisiblemente la pena de muerte…” ¡Caramba! Rotunda decisión del General San Martín, en el tercer país sudamericano que al frente de sus ejércitos acababa de liberar del dominio realista. La corrupción era ya conocida como recurso fraudulento. Seguramente lo habría comprobado ya en el Río de la Plata y en Chile. “Recurso fraudulento”, decímos. Definición elocuente, porque la corrupción es caldo de cultivo para la comisión de engaños, trampas y maniobras ilegales de todo tipo. En nuestro país se sigue “destapando ollas”, expresión popular que usamos al referirnos a investigaciones y comprobaciones de corrupción que acaparan la atención del periodismo y del público en general. Decimos que “la corrupción es vieja historia”, pero tal vez sea más preciso decir que es una “tara moral tan vieja como la historia de la humanidad”, pero no menos perniciosa. Involucra a figuras representativas de todos los niveles sociales y de muchas estructuras institucionales. Cabe esperar que la investigación sea implacable y severa para todos los casos y sin discriminaciones, aunque una o más generaciones sean insuficientes para sacar a luz estos trastornos éticos de vieja data.
