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Marcelo Brunero, secretario general comprometido con los trabajadores, comparte los avances y desafíos en el marco de la ley 14.656.

Rubén “Cholo” García, referente sindical, destacó la importancia de la conmemoración del décimo aniversario de la sanción de la ley 14.656, que marcó un antes y un después en las condiciones laborales de los empleados municipales. “Gracias a esta ley, logramos estabilidad laboral, reconocimiento de la antigüedad, paritarias obligatorias y la creación de un Consejo Provincial Consultivo”, resaltó. Sin embargo, advirtió que los desafíos persisten, especialmente en la implementación total de la normativa y en la reducción de las disparidades salariales entre municipios.

En este contexto, García expresó su preocupación por los bajos ingresos que enfrentan muchos trabajadores municipales. “En lugares como Merlo y Moreno, los salarios básicos no superan los 90 y 87 mil pesos, respectivamente. Además, gran parte de los ingresos se paga en negro o como bonificaciones no remunerativas”, denunció. Estas condiciones reflejan una profunda crisis salarial y desigualdad estructural en el sistema.

El dirigente también puso el foco en la difícil situación de los jubilados municipales, quienes enfrentan ingresos aún más precarios. “Un jubilado municipal percibe una pensión de apenas 190 mil pesos, muy por debajo del salario básico de los trabajadores en actividad”, explicó. La falta de actualizaciones y la persistencia de irregularidades en el pago de bonificaciones agravan este panorama, afectando tanto a los empleados activos como a los pasivos.

Entre los principales reclamos, García subrayó la necesidad de convocar al Consejo Consultivo Provincial, un espacio clave para que gremios y autoridades trabajen en conjunto para resolver las problemáticas de los municipios. “Es imperativo que la provincia brinde asistencia a los municipios con dificultades económicas. Mientras algunos no pueden pagar salarios dignos, otros mantienen importantes sumas de dinero en plazos fijos”, señaló.

Además, el sindicalista pidió mayor transparencia en la gestión económica de los municipios. “Los intendentes suelen argumentar que no tienen fondos, pero la realidad muestra que muchos poseen recursos que no se destinan al bienestar de los trabajadores”, afirmó con firmeza.

En relación a los bonos de fin de año, García reconoció que, aunque representan un alivio temporal, la prioridad debe ser el aumento de los salarios básicos para que los empleados municipales puedan cubrir la canasta básica alimentaria. “Es inadmisible que un trabajador municipal no pueda garantizar lo esencial para su familia”, sentenció.

Finalmente, destacó que, pese a los avances logrados con la ley 14.656, queda mucho por hacer para alcanzar un salario justo y condiciones laborales dignas. “La lucha continúa, y no bajaremos los brazos hasta que todos los trabajadores municipales tengan la calidad de vida que merecen”, concluyó.